El regreso de los tickets: la reforma laboral de Milei busca ampliar beneficios no remunerativos

El proyecto de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" impulsado por el Gobierno de Javier Milei promete una profunda alteración en la estructura de las remuneraciones y los derechos adquiridos de los trabajadores, generando una intensa polémica entre los sectores sindicales. La iniciativa central apunta a ampliar la lista de beneficios no remunerativos (artículo 103 bis de la LCT), como gimnasios, reintegros médicos y guarderías, fijando un tope del 10% del salario exento de aportes jubilatorios y contribuciones. Sin embargo, el punto más candente es la clara intención de reintroducir el vale de comida o Ticket Canasta. ¿Busca realmente el Poder Ejecutivo modernizar la composición salarial o se trata de una estrategia para reducir el costo laboral de las empresas, sacrificando los futuros beneficios de los trabajadores, como los aportes a la jubilación y el cálculo de la indemnización? La reforma también introduce la posibilidad de componentes retributivos variables por mérito, sin que estos generen derechos adquiridos.

La reintroducción del Ticket Canasta ha sido el aspecto más criticado de la reforma, ya que históricamente se trató de un mecanismo que permitía a los empleadores pagar parte del salario con un valor que no se computaba para aportes jubilatorios, aguinaldos ni para el cálculo de indemnizaciones. Si bien la LCT ya permite un pago en especie de hasta el 20%, la nueva redacción del artículo 105 habilita una ampliación de las formas de satisfacción del salario ("en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias"). La crítica sindical, y la experiencia pasada, señalan que estos vales reducen la base salarial imponible y dejaban al trabajador sin esos ingresos durante vacaciones, licencias por enfermedad o accidentes. ¿Cómo justificará el Gobierno esta medida ante la opinión pública y los gremios, sabiendo que el efecto real es una disminución de los ingresos que financiarán el futuro del sistema previsional y de salud?

Otro cambio crucial se enfoca en el cálculo y la naturaleza de las indemnizaciones por despido. Si bien el proyecto mantiene el esquema tradicional de un mes por año trabajado (artículo 245), incorpora un tope de 10 sueldos para la base de cálculo y excluye el aguinaldo de la liquidación final. Además, la iniciativa habilita una sustitución del régimen tradicional por un fondo de cese laboral o seguro privado, cuyo costo estará a cargo del empleador. Esta flexibilización, impulsada por figuras con experiencia en grandes empresas, ¿representa una modernización que facilita la contratación y reduce la "industria del juicio" o implica una precarización del mecanismo de protección del trabajador ante la pérdida de empleo? En paralelo, el proyecto crea una indemnización agravada del 50% al 100% en casos de despido discriminatorio (nuevo artículo 245 bis), un intento de equilibrar la balanza.

Finalmente, la reforma toca aspectos sensibles del descanso y las vacaciones. El cambio más disruptivo permite que las vacaciones "se otorguen en forma fragmentada" en períodos no inferiores a una semana, y le otorga al empleador mayor flexibilidad para conceder el goce "en cualquier momento del año". ¿Esta fragmentación busca optimizar la producción anual de la empresa o limita el derecho fundamental del trabajador a un descanso prolongado y efectivo, especialmente en la temporada alta? Aunque se mantiene la protección para que el goce total se dé en verano "cada dos períodos", esta cláusula puede ser flexibilizada si "el trabajador opte en contrario". La suma de estos cambios en la composición salarial, la indemnización y el descanso subraya el claro objetivo del Gobierno de modificar sustancialmente la balanza de poder en la Ley de Contrato de Trabajo, un movimiento que promete ser el eje de la discusión legislativa.