¿El “Súper IVA” salvará el ajuste? El Gobierno busca eliminar Ingresos Brutos con un tributo federal
El proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional, motorizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a desmantelar la asfixiante maraña de 155 tributos, tasas y contribuciones que coexisten en el sistema argentino. El objetivo, largamente anticipado por el presidente Javier Milei, es simplificar la carga fiscal y eliminar los gravámenes más distorsivos, que fuerzan a un argentino promedio a lidiar con hasta 46 impuestos diferentes al año. ¿Cuál es la piedra angular de esta ambiciosa simplificación? La propuesta de un "IVA dividido" o "Súper IVA" que tiene como meta la sustitución progresiva del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Provinciales, el tributo más resistido por su efecto "en cascada" sobre la producción. Esta medida busca unificar bases, simplificar la administración y reducir la dependencia de las provincias del gravamen más distorsivo del sistema.
Sin embargo, la implementación de este "Súper IVA" no está exenta de enormes dificultades y disparidades regionales, que prometen tensar la negociación con los gobernadores. Los análisis, como el realizado por Idesa, advierten que solo unas ocho jurisdicciones con fuerte actividad económica (como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe) podrían autofinanciarse con esta nueva fuente de ingresos. ¿Qué ocurrirá con las 16 provincias restantes, especialmente las del Norte, cuya reducida base de recaudación obligaría a aplicar alícuotas "estrafalarias" sobre este impuesto al consumo para compensar la pérdida de Ingresos Brutos? El proyecto prevé la creación de un Fondo de Nivelación para garantizar ingresos mínimos a las jurisdicciones más débiles, pero ¿estarán realmente los gobernadores dispuestos a ceder el control sobre Ingresos Brutos, que hoy representa entre el 70% y el 80% de su recaudación total, a cambio de una promesa de compensación?
La reforma no solo se concentra en el reemplazo de Ingresos Brutos, sino que incluye otros movimientos clave con un impacto directo en la coparticipación federal. El Gobierno también prevé una baja en el Impuesto a las Ganancias para personas humanas, mediante la suba del Mínimo No Imponible, buscando aliviar la carga sobre asalariados y jubilados. ¿Cómo se compensará la previsible caída en la recaudación coparticipable que generará esta reducción de Ganancias? Precisamente, el éxito del esquema del "Súper IVA" y la eliminación efectiva de Ingresos Brutos se vuelven claves de bóveda para que las provincias acepten este nuevo pacto fiscal sin resentir sus finanzas. La meta central de Javier Milei es reformar la Ley de Coparticipación, lo que, a pesar del aumento en la participación primaria de las provincias en los últimos años, sigue siendo un escollo histórico que ningún mandatario provincial está dispuesto a ceder.
Más allá de los grandes números y la disputa federal, la reforma impositiva incluye la revisión de los regímenes especiales y promocionales y el intento de eliminar excepciones innecesarias, en línea con los compromisos asumidos en el Consejo de Mayo. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, ha enfatizado que todo beneficio fiscal debe estar ligado a una "política pública concreta y a una necesidad real". ¿Hasta qué punto el Gobierno estará dispuesto a avanzar sobre los intereses corporativos y sectoriales que defienden esos regímenes de excepción, muchos de los cuales tienen un fuerte arraigo político y económico? El ambicioso plan de simplificación busca poner fin a la complejidad que obliga a los argentinos a pagar una media de 21 a 46 tributos al año; ¿tendrá el Gobierno la capacidad política para sortear la resistencia provincial y sectorial, o la maraña fiscal seguirá siendo un costo inevitable de hacer negocios y vivir en Argentina?